Activistas de movilidad han lanzado fuertes críticas hacia la gestión del transporte público en Durango, señalando que la falta de subsidios y la presencia de unidades obsoletas han provocado una crisis en el servicio. Gerard Favela, destacado activista local, ha enfatizado que los usuarios en Durango pagan actualmente una de las tarifas más altas en todo el país, mientras que la calidad y modernidad del transporte no ha mostrado mejoras significativas. Según Favela, el gobierno local no ha promovido alternativas reales para la ciudadanía, ni ha gestionado proyectos públicos o privados que permitan la renovación de las flotillas de camiones o la implementación de incentivos como subsidios directos al usuario. Esta situación ha dejado a los usuarios en una posición de desventaja frente a otras ciudades donde el servicio es más accesible y eficiente.
Favela recordó el caso de Mérida como un ejemplo de cómo la gestión pública puede transformar el transporte urbano. En esa ciudad, señaló, el servicio no solo cuenta con unidades modernas, muchas de ellas eléctricas o híbridas, sino que además los transbordos posteriores al primer pago son gratuitos, lo que representa un gran beneficio económico para los usuarios. Además, las unidades en Mérida ofrecen comodidades adicionales como wifi y aire acondicionado, elementos ausentes en la mayoría de los camiones de Durango. Estas diferencias, según el activista, reflejan la falta de voluntad política y de inversión pública en la entidad, pues en Durango los transbordos se cobran de igual forma y no existen políticas de accesibilidad ni mejoras tecnológicas en las unidades.
En Durango, la problemática se agrava por el envejecimiento del parque vehicular; según Favela, la mayoría de las unidades supera los 15 años de antigüedad y no cumple con las normativas vigentes. Esta situación contrasta con otras ciudades del país donde se ha apostado por la innovación y el confort del usuario. El activista subrayó que la carencia de rutas eficientes, la inexistencia de carriles exclusivos para el transporte público y la nula accesibilidad para personas con discapacidad ponen en evidencia el rezago de la entidad. Además, remarcó que el transporte público no debe concebirse como un negocio, sino como un derecho fundamental, comparándolo con servicios básicos como la luz y el agua, que requieren de inversión estatal para garantizar su acceso universal.
Favela explicó que actualmente la tarifa subsidiada para el usuario en Durango es de 13 pesos, mientras que los concesionarios reciben 14 pesos por viaje. Sin embargo, cuestionó que el gobierno no haya optado por congelar la tarifa al usuario e incrementar el subsidio a los concesionarios, lo que podría haber aliviado la carga económica para miles de familias. Esta omisión gubernamental, dijo, deja fuera de la conversación pública la corresponsabilidad del Estado en la mejora del transporte, ya que hasta ahora todo el peso recae en los concesionarios y los usuarios. Según el activista, si el gobierno hubiera decidido invertir en subsidios, el sistema de transporte podría ser más accesible y eficiente, beneficiando a toda la población.
La falta de inversión en el transporte público ha tenido consecuencias directas en la vida cotidiana de los duranguenses. Favela advirtió que, debido a los altos costos y la baja calidad del servicio, muchos ciudadanos han optado por comprar motocicletas como alternativa de movilidad. Este fenómeno ha derivado en un incremento de accidentes y muertes viales, pues el número de usuarios del transporte público ha disminuido considerablemente, pasando de representar un 33 por ciento de los viajes en 2015 a solo un 28 por ciento en 2020. El activista concluyó que la decisión del gobierno estatal de no invertir en el transporte público no solo afecta la economía de las familias, sino que además está cobrando vidas y obligando a la gente a realizar traslados más largos y peligrosos.
