El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, han formalizado un acuerdo que otorga a Washington el control mayoritario de 17 yacimientos de petróleo en el país sudamericano, lo que representa más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas. Este convenio, anunciado el 28 de agosto de 2026, se considera uno de los más significativos en la historia del sector energético, dado que las reservas involucradas equivalen aproximadamente al 21,5% del total de Venezuela, que la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) estima en 303.000 millones de barriles.
El mandatario estadounidense describió el pacto como un avance sin precedentes, señalando que no solo duplica las reservas de petróleo de EE.UU., sino que también promete reducir los precios de la gasolina para los consumidores estadounidenses a largo plazo. En su plataforma Truth Social, Trump destacó que esta transacción fue negociada por su secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en colaboración con Rodríguez y empresas privadas, lo que asegura que no habrá costo para los contribuyentes estadounidenses.
Por su parte, Delcy Rodríguez confirmó el acuerdo pocas horas después del anuncio de Trump, subrayando que la participación de operadores privados en el desarrollo de estos yacimientos es fundamental para revitalizar la infraestructura petrolera de Venezuela. En un comunicado, Rodríguez afirmó que el objetivo es incrementar significativamente la producción de petróleo, así como atraer inversiones que superen los 100.000 millones de dólares y generar más de 209.000 millones en tributos para el Estado, contribuyendo así a la modernización de la industria y al crecimiento económico del país.
A pesar del optimismo mostrado por ambos líderes, el anuncio dejó algunas incógnitas, como la identificación de los yacimientos específicos incluidos en el acuerdo y los detalles sobre las empresas privadas que estarán involucradas. Asimismo, no se proporcionó información sobre la duración del acuerdo ni sobre la estructura jurídica que regirá la participación estadounidense en las reservas petroleras venezolanas, algo que ha suscitado interrogantes sobre la legalidad de la operación en el contexto de la legislación venezolana actual.
Este acuerdo se produce en un contexto de cambios significativos en la política venezolana, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero de 2026. Desde entonces, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han evolucionado, con un enfoque en la estabilización y la recuperación económica del país sudamericano. La influencia de Washington se ha manifestado en la promoción de reformas legales y en el respaldo a la administración de Rodríguez, lo que ha llevado a un escenario donde tanto el gobierno como la oposición dependen de la intervención estadounidense para avanzar en sus respectivos objetivos políticos y económicos.
